24 noviembre 2000

Malpaís de Güímar y su entorno: el último intento de mutilar nuestro paisaje y nuestra tradición.


Un texto de la Asociación Cultural Sureste, noviembre 2000.

Este texto sirvió de base a otro más amplio, La crisis del Malpaís: 10 preguntas para la reflexión.



  • Introducción
  • Los valores naturales y culturales de este sector
  • Razones para consolidar la protección del entorno del Malpaís de Güímar
  • ¿Trueque de espacios naturales por compensaciones urbanísticas?
  • ¿Falta suelo industrial en Tenerife?
  • ¿Un paso atrás en el consenso social y la profundización democrática?
  • ¿Se pueden resolver los problemas ambientales impuestos a Güímar sólo desde Güímar?
  • Reflexiones finales


Introducción

La historia reciente del Malpaís de Güímar es bastante conocida; resulta incluso paradigmática de lo que ha supuesto la evolución del conservacionismo en Tenerife. Hasta la década de los años sesenta, la mayor parte del espacio comprendido entre el Camino de El Socorro y El Puertito de Güímar constituía para muchas personas un páramo desconocido. La baja rentabilidad del sector costero del Valle de Güímar, apreciada desde una óptica eminentemente agraria, llevó a que se concibiera la implantación de un gran Polígono Industrial. Éste comenzaría en el Barranco de Samarines, en el municipio de Candelaria, para culminar en las estribaciones de El Puertito, en Güímar, después de cruzar toda la costa del municipio de Arafo.


Afortunadamente, desde principios de los años ochenta se alzaron voces, surgidas sobre todo desde distintos departamentos y facultades de la Universidad de La Laguna, a favor de la preservación de la vertiente sur de este espacio. Tales planteamientos se fundamentaban en su potente riqueza botánica y zoológica, así como por el gran interés de los fenómenos geológicos que conforman la Montaña Grande y sus coladas. Otro argumento de peso era que el Malpaís limita al norte con el Camino de El Socorro, por donde transcurre cada año la romería del mismo nombre. También se sitúa en la vecindad del Malpaís el caserío de El Socorro (la zona de Chimisay para los guanches), donde tuvo lugar el encuentro por los antepasados prehispánicos de la imagen de la Virgen de Candelaria.


En una primera etapa, que cristalizó en la Ley de Espacios Naturales de 1987, se protegió tímidamente el sector volcánico más reciente de este espacio costero. Algún tiempo después acabó por tomarse en cuenta el interés de una franja anexa de suelos arenosos de origen marino, en los que habitan comunidades vegetales de tipo estepario muy singulares. Desde entonces se viene proponiendo como límite de la protección la línea que dibuja el propio Camino de El Socorro, cuyo serpenteante trazado evitaba precisamente las lavas del Malpaís. Un hito importante en todo este proceso fue la manifestación del pueblo de Güímar en defensa del citado Camino que tuvo lugar el 20 de octubre de 1990; poco después, el Ayuntamiento se hizo eco de esta voluntad popular, aprobando por unanimidad en el pleno del día 4 de diciembre de 1992 la solicitud de “mantener el camino de El Socorro en su estado y trazado actual, convirtiéndose en límite entre el Malpaís y el Polígono Industrial”. La Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1994 recogió, al menos en parte, el sentir tanto de los círculos científicos como de la sociedad güimarera. Así, si bien dicha Ley renunció a modificar los límites de los espacios naturales protegidos para evitar polémicas en el conjunto de Canarias, en el caso que nos ocupa la amplia zona que incluye los citados arenales quedó recogida con la calificación de ‘Área de Sensibilidad Ecológica’.


Sin embargo, pocos años después de aquellas fechas, y desde distintos ámbitos, se ha apelado a la indefinición jurídica de las Áreas de Sensibilidad Ecológica para proponer transformaciones que pueden resultar irreversibles para esta zona.


El pasado mes de octubre, el pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó por unanimidad una propuesta, previamente consensuada con la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar. En la misma se contradice el mencionado pleno de 1992, proponiendo ahora la urbanización con fines industriales de una gran parte del Area de Sensibilidad Ecológica anexa a la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, traspasando por consiguiente los límites del Camino de El Socorro.


Los valores naturales y culturales de este sector

Se ha esgrimido en ocasiones el argumento de que esta zona carece de interés al haber sido roturada para el cultivo de tomate en las décadas de los cincuenta y sesenta. Sin embargo, esta circunstancia histórica proporciona precisamente uno de sus más interesantes valores. Queremos decir que en esta área, en la que abundan enclaves de flora y fauna autóctona tan interesantes como las que viven en la zona de lavas o la de arenas (y que seguramente guardan aún muchas especies desconocidas), confluyen modulando el paisaje distintos testimonios de explotación agraria; éstos incluyen desde una paleoagricultura, seguramente ligada al pastoreo nómada de los primeros siglos de nuestra historia, con pequeños nateros, majanos, corrales, eras, etcétera (en donde de manera rudimentaria los cabreros debieron cultivar en años buenos variedades primitivas de cereal); hasta los sistemas agrícolas más recientes ligados al tomate, en donde observamos charcas, tanquillas, caminos empedrados, atarjeas, cortavientos vegetales y de mampostería y paredes de piedra.

A estos valores históricos se añade, en los treinta últimos años que la zona ha permanecido sin cultivar, el proceso de recuperación de la flora original. Esta regeneración natural no sólo ha comenzado, sino que en algunos ámbitos se halla en un grado importante de madurez, siendo por tanto un campo formidable para estudiar cómo se verifica la recolonización y sucesión ecológica de especies.

Por último, no es aventurado suponer que una zona ocupada ininterrumpidamente por pastores desde la época prehispánica, debe esconder aún en el interior de sus cuevas y tubos volcánicos interesantes vestigios de nuestro pasado.


Razones para consolidar la protección del entorno del Malpaís de Güímar

Resulta difícil imaginar cómo se puede proteger eficazmente un bien de la importancia y naturaleza del que nos ocupa, proponiendo la ocupación total del suelo hasta el propio borde del Espacio Natural.

Para el mantenimiento del Malpaís de Güímar en condiciones tolerables es necesario un distanciamiento físico de actividades tan impactantes y con tantas repercusiones como la industrial. A esta necesidad respondió la definición del Área de Sensibilidad Ecológica en la Ley de Espacios Naturales, algo que ahora parece obviarse.

Por otra parte, se deben preservar los valores que representa el Camino de El Socorro, escenario anual de una de las fiestas más singulares de Canarias, que ha llevado a su incoación como Bien de Interés Cultural.

Tales valores no parecen quedar garantizados si se urbaniza, no sólo su cara norte como ha ocurrido hasta ahora, sino incluso al sur del Camino, quedando por su posición central en ese hipotético polígono industrial totalmente alterada su significación paisajística y cultural.Por eso, resulta imprescindible establecer un entorno de protección de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. Esto quiere decir un cinturón sin urbanizar alrededor de la Montaña Grande y sus coladas. Y es que de poco sirve un sistema de espacios naturales ‘protegidos’ si cada uno de ellos está rodeado por todas partes de infraestructuras y edificaciones (que los “ahogan” en sentido físico y ecológico), como de hecho está ya ocurriendo en la mayor parte de los que se encuentran en la costa de Tenerife.

Por desgracia, hay quien sigue interpretando las rayas que limitan los espacios naturales protegidos como un: “dentro, no se puede hacer nada; fuera, se puede hacer todo”. Muy al contrario, deberíamos avanzar hacia una política integral de protección del territorio en su conjunto, esté declarado como espacio natural protegido o no, tal como propugna la Unión Europea.

Eso no significa prohibir cualquier cosa dentro de los espacios protegidos, sino permitir (y en algunos casos, alentar) ciertos usos tradicionales, u otros nuevos, siempre que sean compatibles con los fines de conservación de la naturaleza; y fuera de ellos, ordenar los usos en función, entre otros parámetros, de la vocación o aptitud de cada ámbito, respetando en muchos casos factores estratégicos como la fertilidad natural de los terrenos, su calidad paisajística o sus valores patrimoniales.

Sin embargo, este huracán de voracidad dineraria que asola estos años las Islas Canarias, como antaño lo hicieran las plagas de cigarrones, sólo parece atender a consideraciones de enriquecimiento fácil, rápido y frívolo.

Ante esta situación, nos parece necesario formular algunos interrogantes, y aportar argumentos para que las personas que integran la comunidad puedan seriamente ampliar la información y formar su opinión crítica.


¿Trueque de espacios naturales por compensaciones urbanísticas?

Una de las razones que se plantean ahora para justificar la ampliación del Polígono Industrial, es que éste ‘compensaría’ al vecindario con una inversión de trescientos millones de pesetas para mejorar la urbanización del caserío de El Socorro.

La verdad es que los residentes y usuarios temporales de El Socorro tienen todo el derecho a que se completen las dotaciones del caserío; tales dotaciones, que son muy necesarias, se deberían abordar desde luego con un diseño acorde a las características y singularidad de este núcleo. Muchas personas que participamos en las asociaciones de defensa del patrimonio de la Comarca Sureste hemos dado prueba de esta sincera preocupación colaborando activamente en el acondicionamiento y dignificación de lugares que se estaban degradando, como el Llano de la Ceremonia, entre otros. Pero resolver los problemas de urbanización de El Socorro nunca se debe hacer a costa de un chantaje como el que supone la urbanización de un espacio anexo de alto valor natural y paisajístico. Se trata de una contrapartida inadmisible en un contexto de madurez democrática y humana: es como si la ciudadanía de Güímar tuviera que aceptar la destrucción de una parte del Barranco de Badajoz o de la Ladera de Agache, a cambio de la restauración de la iglesia de San Pedro y de su entorno.


Tenemos que hacer un esfuerzo, las instituciones en primer lugar, pero también desde la sociedad civil, de buscar otros medios para completar la urbanización y los servicios del caserío de El Socorro: con fondos propios municipales (como se ha hecho en otros barrios de Güímar), con aportación del Cabildo y Gobierno de Canarias, que atiendan a la significación del lugar; pero también sería muy positivo encontrar fondos en programas europeos (que existen para tal fin) y diseñar con imaginación y rigor un proyecto que contemple la protección de la naturaleza y de los núcleos habitados anexos.

Para proyectos orientados en esta línea tendemos la mano desde ahora mismo y ofrecemos la colaboración entusiasta y desinteresada de esta Asociación Cultural.



¿Falta suelo industrial en Tenerife?

Otro de los argumentos que se esgrimen para justificar la ampliación de la urbanización sobre este sector de tanta calidad ambiental es la escasez de suelo industrial en la Isla y la urgente demanda del mismo por parte de empresas industriales y comerciales.

No dudamos que ante el momento de crecimiento económico que vivimos haya empresas que busquen donde ubicarse, pero nadie, hasta ahora, ha demostrado con seriedad que no haya más suelo industrial disponible.

Nosotros sí nos hemos tomado la molestia en localizar información al respecto, entre otros, en los propios documentos aprobados por la administración. Y los datos disponibles demuestran justo la aseveración contraria. Según los estudios encargados por el Cabildo para elaborar el Plan Insular de Ordenación del Territorio, en Tenerife existían 16 millones de metros cuadrados legalmente clasificados como suelo industrial, y otros 9 millones en trámite de legalización; a éstos hay que sumar unos 7 millones de metros cuadrados de suelo dedicado a la misma finalidad en espacios como la refinería, el sector portuario, el entorno de los aeropuertos y los márgenes de la autopista del Norte; y todo esto sin contar los muchos (demasiados) metros de suelo industrial que también funcionan de forma ilegal en la Isla. Pues bien, el suelo realmente consumido (parcelado y ocupado) suponía sólo 5 millones de metros cuadrados.

Por cierto, que el PIOT, ya aprobado por unanimidad en el Cabildo, señala también que en los foros especializados se considera que el modelo de polígono de gran extensión industrial (tipo el del Valle de Güímar o el de Granadilla) se encuentra totalmente obsoleto. Se propugna ahora una relación más estrecha de la actividad industrial con otras actividades de investigación, servicios, comunicaciones, etcétera, frente a la separación funcional tajante que se defendía en los años sesenta (época en la que se idearon tales polígonos).


¿Un paso atrás en el consenso social y la profundización democrática?

La reciente aprobación de la ampliación del Polígono por el pleno de octubre del Ayuntamiento de Güímar contradice una tendencia histórica de progresiva concienciación y consenso ciudadano acerca de la necesidad de proteger la Montaña Grande, su Malpaís y todo el entorno. Ésta se manifestó en el acuerdo plenario ya citado de 1992, donde el Ayuntamiento por unanimidad acordaba solicitar la protección del Camino del Socorro y establecer los límites del Polígono Industrial en la margen oriental del mismo, preservando el resto del espacio hasta sus límites con la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.

Esta decisión no surgió de la nada, sino que fue la justa respuesta institucional a un sentido movimiento ciudadano local. En cambio, el acuerdo plenario de octubre se tomó “por sorpresa” (al menos para la ciudadanía), en un Pleno sin un orden del día claramente establecido para abordar este asunto, y sin la suficiente información, argumentación y reflexión colectiva.

La decisión de transformar un espacio de alto valor natural y paisajístico no se puede tomar nunca con tal grado de apresuramiento y frivolidad. Además, constituye un fraude a la democracia, en la medida en que en las pasadas elecciones municipales ningún grupo político llevaba en su programa la propuesta de consolidar los límites del Polígono sobre la zona afectada, ni la de cambiar el acuerdo plenario del año 1992.

Aprovechamos estas circunstancias para reivindicar que el Ayuntamiento de Güímar, lo mismo que los del resto de la Comarca Sureste y de la Isla, se doten de mecanismos permanentes de consulta y participación de la ciudadanía para asuntos de trascendencia ambiental; mecanismos como los que se están implantando en muchos gobiernos locales tras las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Río, y que se concretan en la elaboración de las denominadas Agenda Local 21.


¿Se pueden resolver los problemas ambientales impuestos a Güímar sólo desde Güímar?

Una de las razones que nos ha conducido a este callejón sin salida (que si no se rectifica puede llevar a una polémica y un enfrentamiento duro en los próximos meses o años) es el empeño en resolver exclusivamente desde el nivel local problemas que vienen impuestos desde una escala mayor. La pregunta más amplia es: ¿se pueden resolver satisfactoriamente problemas insulares sólo desde la escala local?

Si bien nadie cuenta con recetas ni varitas mágicas para resolver todos los problemas del territorio, sinceramente nos parece que tenemos que ampliar el ámbito de nuestra reflexión y nuestra mirada. Estamos inmersos en una economía de servicios, cuyo motor es el turismo, y que demanda espacio y paisaje como materia prima. ¿No es hora ya de aplicar mecanismos concretos como cristalización de la idea de que la actividad turística debe financiar la conservación (y también la rehabilitación) de la naturaleza y el paisaje? En este sentido animamos a debatir en las instituciones y en la sociedad la aplicación de fórmulas como la de la ecotasa turística: un impuesto que ya se empieza a implantar en el Archipiélago de Baleares y en otras partes. ¿Por qué no extendemos la misma filosofía que ya se aplica desde hace años en los Parques Nacionales respecto a los municipios afectados y limítrofes? Los municipios canarios que han “sacrificado” sectores importantes de su territorio para preservarlo de una indeseable transformación, caso de Güímar y otros muchos, deben recibir compensaciones por ello.

Si cada uno de los cuatro millones de visitantes que acceden a Tenerife abonara en el establecimiento de residencia una tasa tan modesta como cien pesetas diarias, se podría recaudar un fondo insular de unos cuatro mil millones de pesetas adicionales (y cifras equivalentes en las demás islas). Ese dinero debería servir para proteger y rehabilitar el espacio, pero mediante medidas y sistemas que generen empleo, favorezcan la economía local y la redistribución de la renta.



Reflexiones finales

Con este artículo nos proponemos animar la discusión colectiva, y para ello hemos defendido tres ideas principales:

Se deben mejorar las dotaciones y equipamientos del caserío de El Socorro, pero mediante fórmulas que no supongan un chantaje a la ciudadanía y a la naturaleza.

Es imprescindible conservar en su actual trazado el Camino del Socorro, consolidando su incoación como Bien de Interés Cultural.Esta vía de tanta importancia cultural y simbólica para todas las personas de Güímar y de otros lugares debe marcar el límite entre un espacio transformado y urbanizado situado al norte: el Polígono (adaptando las construcciones que limiten con el Camino con un sentido de respeto hacia su significación histórica), y otro espacio mucho menos humanizado —y en buena medida natural o en fase de naturalización— hacia el lado sur, que sirva de colchón de protección biológica y paisajística a la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.Todas las medidas que vayan en esta dirección contarán, como siempre lo han hecho, con el apoyo y la colaboración voluntaria y desinteresada de las asociaciones de defensa del patrimonio de la Comarca Sureste. Pero si por el contrario, los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Güímar no rectifican el error cometido y persisten en este proyecto de atentado ecológico y cultural, encontrarán nuestra más firme oposición y, estamos seguros, la de muchos otros colectivos ciudadanos y personas de buena voluntad.

No podemos concluir este artículo sin apuntar una última idea: a ninguna persona perspicaz se le escapa que este nuevo problema, como muchos otros conflictos ambientales y territoriales que tenemos ahora en Canarias, hunde sus raíces en un estilo de vida y crecimiento económico que se plantea sobre el territorio limitado de nuestro pequeño país insular como si esto fuera un espacio continental sin límites.


¿No ha llegado la hora de reconocer este hecho elemental y debatir colectivamente el establecimiento de límites a este crecimiento desmedido?


Asociación Cultural Sureste de Tenerife

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